viernes, 4 de mayo de 2018

lfdlc: ¿Como se aplica un embargo sobre mi plan de pensiones?

Conforme el Artículo 22.7 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, del Reglamento de planes y fondos de pensiones, es posible embargar judicial o administrativamente los derechos económicos del plan de pensiones, solo que dicho embargo no será efectivo hasta que se cause el derecho a la prestación o puedan hacerse efectivos los derechos consolidados.
Si la entidad gestora no ha tenido conocimiento del derecho a la prestación será, posiblemente, el juzgado quien adjunte la documentación que permita acreditar que se ha causado dicho derecho (resolución de incapacidad o jubilación, por ejemplo).
En estos casos, no es necesario que la Comisión de Control del Plan, en el caso de los planes de empleo, autorice la correspondiente prestación, ya que el embargo debe de ejecutarse sin que la entidad gestora (que es quien recibirá la comunicación, y no el plan) pueda hacer otra cosa. 
Por último, y a pesar de que el texto de la norma parece indicar que los derechos consolidados deberán remitirse al juzgado íntegramente, la entidad gestora aplicará la fiscalidad correspondiente a una prestación en forma de capital con su derecho a reducción (para aportaciones anteriores a 31.12.2016) si lo hubiera, transfiriendo al juzgado el valor neto de la prestación, y no el bruto. De este modo, el partícipe habrá cumplido también con sus obligaciones con la hacienda pública, sin que la ejecución del embargo le genere nuevas deudas.





7. Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o puedan ser disponibles o efectivos conforme a lo previsto en el artículo 9.
En los términos del artículo 8, apartados 8 y 10, del texto refundido de la ley, cuando el derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones sea objeto de embargo o traba, judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o puedan hacerse efectivos o disponibles conforme a lo previsto en el artículo 9. Producidas tales circunstancias, la entidad gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones o derechos consolidados a quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.
En caso de que el partícipe o beneficiario sea titular de varios planes de pensiones serán embargables, en primer lugar, los del sistema individual y asociado, y en último término, los planes del sistema de empleo.


  • Ejemplo de notificación judicial de embargo 

viernes, 13 de abril de 2018

lfdlc: Reducción del 40% y beneficiarios de la contingencia de fallecimiento




¿Como opera la reducción del 40% para los beneficiarios de una contingencia de fallecimiento en planes de pensiones?. 
De entre las diferentes consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que tratan el tema (-y que pueden consultarse aquí- V2844-16, V0135-17, y V0219-18), la más completa es la V1866-17. De esta consulta comprobamos que;
  • Si había derecho a reducción vigente en el momento del fallecimiento los beneficiarios disponen del plazo general de 2 años para aplicar dicha reducción: Si el periodo de disfrute de la reducción del 40% por la contingencia de jubilación o incapacidad no había finalizado y no se había ejercitado solicitando prestación en forma de capital, se genera un nuevo periodo de disfrute por la contingencia de fallecimiento, que pueden aplicarse los beneficiarios por fallecimiento por el plazo vigente con carácter general desde 2015 (año de la contingencia + 2 años), siempre que soliciten la prestación en forma de capital. Se entiende que, si el beneficiario ya había aplicado la reducción cobrando prestación en forma de capital o había perdido el derecho a la aplicación de la misma, los beneficiarios tampoco tendrán ya ese derecho.
  • Es posible la concurrencia de reductores: La aplicación del reductor del 40% por una contingencia de fallecimiento, no interfiere con la posibilidad de aplicar el reductor para otras contingencias. Esto sucede, por ejemplo, si un beneficiario cobra una prestación de fallecimiento con aplicación del reductor y luego quiere percibir una prestación suya de jubilación sobre la que podrá operar también la reducción del 40%.








viernes, 9 de marzo de 2018

Planes de Pensiones: Ventana de liquidez 10 años -IV- Adaptar los Reglamentos

Las Comisiones de Control tendrán que valorar si adaptar o no los Reglamentos de los planes de pensiones de empleo para incorporar el supuesto de disposición anticipada de derechos consolidados con antigüedad superior a 10 años.
Aunque en principio no corre ninguna prisa hacer dicha adaptación, pues el supuesto de disposición anticipada no será de aplicación hasta 2025 (para aportaciones anteriores a 2015), como primera reflexión se podría valorar lo siguiente:
1.- Voluntarias y movilizaciones externas: Todos los planes individuales van a adoptar el supuesto. Si explicamos a nuestros partícipes las bondades de aportar a nuestro plan de empleo por la rentabilidad, las bajas comisiones y el nivel de supervisión, habrá que darles a sus aportaciones voluntarias las mismas ventajas que tendrían en un plan individual, o de lo contrario, harán sus aportaciones voluntarias en otro sitio. 
Este podría ser un buen motivo para hacer las adaptaciones de los Reglamentos lo antes posible. Si los partícipes conocen esa posibilidad ahora, y les damos ese marco de seguridad, a lo mejor de aquí a 2025 siguen haciendo sus aportaciones voluntarias en nuestro plan, en vez plantearse hacerlo en uno individual, ante la duda de si podrán o no podrán retirarlas del plan de empleo cuando tengan 10 años de antigüedad.
2.- Partícipes en suspenso: En aquellos casos en los que hay ruptura de la relación laboral, y el partícipe mantiene los derechos consolidados en el plan de empleo, tampoco tiene mucho sentido limitar las posibilidades de retirarlo anticipadamente. Es su dinero, y normalmente, en estos casos, los Reglamentos suelen permitir movilizarlo a otro plan, así que siempre podría pasarlo a un individual y cobrarlo desde ahí. Igual que en el punto anterior, no pasa nada por dar facilidades.
3.- Aportaciones obligatorias de promotor y de partícipe: 

  • En (i) planes de prestación definida, no creo que nadie se lo plantee, pues impediría financiar las prestaciones comprometidas. 
  • Para los (ii) planes de aportación definida para la contingencia de jubilación, pero que tengan prestación definida para fallecimiento o incapacidad en activo, en los que se aseguran anualmente los capitales restantes hasta la prestación garantizada, la retirada de aportaciones obligatorias quebraría esa situación y generaría un incremento del coste del aseguramiento de dichos capitales, por lo que también es desaconsejable. 
  • En (iii) planes de aportación definida puros, no habría ninguna limitación por parte del coste de las prestaciones, pero cierto es que transforma el plan en algo monetizable en cualquier circunstancia, diluyendo así el valor intangible del plan de empleo como beneficio social con el que la empresa se preocupa y se ocupa de mi jubilación.

Finalmente, puede que alguien si considere que es posible aunar la posibilidad de rescatar los importes derivados de aportaciones obligatorias, con el mantenimiento de las obligaciones de prestación definida. Esto podría hacerse computando virtualmente, a valor actualizado a cada momento, los derechos rescatados y descontándolos de la prestación garantizada. ¡Me niego!. Supondría llevar una contabilidad paralela de derechos consolidados retirados que con el tiempo perdería su traza, y haría muy difícil o imposible justificar (en casos de reclamaciones judiciales de beneficiarios, por ejemplo) el motivo por el que la prestación abonada no corresponde con la comprometida, y no hay ninguna necesidad de pasar por esta situación.
  


viernes, 2 de marzo de 2018

Planes de Pensiones: Ventana de liquidez 10 años -III- Embargabilidad

La modificación realizada en la regulación de los planes de pensiones para incorporar las ventanas de liquidez para las aportaciones con antigüedad superior a los 10 años tiene un efecto adicional, no muy comentado: los planes de pensiones dejan de ser inembargables hasta el momento de causar prestación, como sucedía hasta ahora.
Existiendo traba judicial o administrativa sobre los derechos económicos del plan de pensiones, en el momento en el que haya importes susceptibles de ser retirados por el partícipe en el supuesto de disposición anticipada, la gestora deberá de retirar las cantidades embargadas de la cuenta de posición y transferirlos a quien proceda, dando cumplimiento a la orden de embargo. 
Se establece una prelación por la que, en primer lugar, se debe ir contra los planes individuales, dejando para el final los de empleo.
Seguro que termina realizándose una modificación en el 345 (modelo de información de aportaciones a planes de pensiones y pólizas de ahorro) para que las entidades gestoras informen a la AEAT de los importes que pueden ser retirados ese ejercicio bajo el supuesto de disposición anticipada por cada uno de los partícipes al objeto de tener bien claro a quien se le puede reclamar y liquidar una deuda por esta vía... siempre que el interesado no los haya retirado antes, claro.
Total, que alguno terminará pagando multas de tráfico o IBIs atrasados con el plan de pensiones. ¡Al tiempo!.



Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (ver BOE y texto refundido).

* Artículo 22. Determinación de los derechos consolidados y económicos.

7. Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o puedan ser disponibles o efectivos conforme a lo previsto en el artículo 9.
En los términos del artículo 8, apartados 8 y 10, del texto refundido de la ley, cuando el derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones sea objeto de embargo o traba, judicial o administrativa, ésta resultará válida y eficaz, si bien no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o puedan hacerse efectivos o disponibles conforme a lo previsto en el artículo 9. Producidas tales circunstancias, la entidad gestora ordenará el traspaso de los fondos correspondientes a las prestaciones o derechos consolidados a quien proceda, en cumplimiento de la orden de embargo.
En caso de que el partícipe o beneficiario sea titular de varios planes de pensiones serán embargables, en primer lugar, los del sistema individual y asociado, y en último término, los planes del sistema de empleo.
Cuando el partícipe o beneficiario sea titular de derechos en planes de pensiones, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional octava de este reglamento.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Planes de Pensiones: Ventana de liquidez 10 años -II- Primera duda

La primera duda sobre el supuesto de disposición anticipada de derechos consolidados con antigüedad superior a 10 años, en los planes de pensiones de empleo, es el propio alcance de la medida, y si se refiere tanto a las aportaciones de la empresa como a las del partícipe.
Cuando el legislador dice que los partícipes "podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales", ¿se refiere a todas las posibles aportaciones realizadas tanto por el partícipe como por el promotor, o habla solamente de las aportaciones de la empresa?.
Este matiz es importante ya que, en los planes de empleo, por la naturaleza de los compromisos, será difícil que los Reglamentos contemplen la disposición anticipada para los derechos derivados de aportaciones del promotor (o de las obligatorias del partícipe, si las hubiera) ya que estos derechos pueden estar financiando parcialmente prestaciones de fallecimiento e incapacidad en activo, o dando cobertura a futuras prestaciones definidas. 
El propio artículo 8.3 de la Ley de Planes y Fondos nos lo aclara al especificar que "las contribuciones o aportaciones se realizarán por el promotor o promotores y por los partícipes, respectivamente", por lo que claramente el alcance es a la totalidad de los derechos consolidados, con independencia del sujeto de procedencia: el partícipe "aporta" y el promotor "contribuye".

Sería extraño que solo se refiriera a las contribuciones empresariales y no incluyera en la medida a las aportaciones del partícipe, respecto de las que surgiría la duda de si entonces a) están excluidas del supuesto y por tanto no son susceptibles de disposición anticipada o si, por contra, b) están tan directamente afectadas que para la disposición de las mismas ni siquiera sería necesaria la adaptación de los Reglamentos de los planes de pensiones de empleo.


[Imagen: Denkpartner. Börsenplatz, Stuttgart. Hans-Jörg Limbach (1980)]




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Artículo 8. Aportaciones y prestaciones.

1. Los planes de pensiones se instrumentarán mediante sistemas financieros y actuariales de capitalización que permitan establecer una equivalencia entre las aportaciones y las prestaciones futuras a los beneficiarios.
Dichos sistemas financieros y actuariales deberán implicar la formación de fondos de capitalización, provisiones matemáticas y otras provisiones técnicas suficientes para el conjunto de compromisos del plan de pensiones.
En todo caso deberá constituirse un margen de solvencia mediante las reservas patrimoniales necesarias para compensar las eventuales desviaciones que por cualquier causa pudieran presentarse.
Las normas de constitución y cálculo de los fondos de capitalización, provisiones técnicas y del margen de solvencia se establecerán en el Reglamento de esta Ley.
2. El plan podrá prever la contratación de seguros, avales y otras garantías con las correspondientes entidades financieras para la cobertura de riesgos determinados o el aseguramiento o garantía de las prestaciones.
3. Las contribuciones o aportaciones se realizarán por el promotor o promotores y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que, de conformidad con la presente Ley, establezca el respectivo plan de pensiones, determinándose y efectuándose las prestaciones según las normas que el mismo contenga.

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8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. Reglamentariamente se determinarán estas situaciones, así como las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en tales supuestos.
Asimismo, los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado podrán disponer anticipadamente del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. La percepción de los derechos consolidados en este supuesto será compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones para contingencias susceptibles de acaecer. Los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo podrán disponer de los derechos consolidados correspondientes a las aportaciones y contribuciones empresariales realizadas con al menos diez años de antigüedad si así lo permite el compromiso y lo prevén las especificaciones del plan y con las condiciones o limitaciones que éstas establezcan en su caso. Reglamentariamente se establecerán las condiciones, términos y límites en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos previstos en este párrafo.