SpainSIF, el lobby español de la Inversión Socialmente Responsable (ISR), presentó el 23 de febrero en la Bolsa de Madrid el "Plan Estratégico 2010-2012" de la mano de su Presidente, Antoni Ballabriga (Director de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA).
Desafortunadamente, dado que la página de SpainSIF no está activa, no ha sido posible encontrar dicho plan (ni en su web, ni en ningún otro sitio). Solamente están disponibles algunas referencias de agencia, y un fragmento en video de la intervención de Ballabriga, por cortesía de DiarioResponsable.com.
Una de las acciones de mayor calado que pretenden es solicitar al legislador que modifique la legislación en materia de Planes de Pensiones. En definitiva, se trata de incorporar la ISR en el día a día de Gestoras y Comisiones de Control, con independencia de que actualmente no exista una especial inquietud ni por parte de los partícipes, ni respecto de las propias comisiones respecto a estos temas.
Las modificaciones solicitadas al legislador van en la linea de:
- que tenga que existir un posicionamiento expreso por parte de la Comisión de Control sobre la aplicación o no de criterios de ISR.
- que en los Informes Anuales de Gestión de los Planes de Pensiones de Empleo indiquen si se han cumplido criterios de ISR y que procedimientos se han seguido para su implantación, gestión y seguimiento.
La cuestión no es el pronunciamiento, sino ¿que pasa después?. ¿Cuanto va a costar la auditoría de ISR para ver el grado de cumplimiento del patrimonio actual del fondo?, ¿Cuanto va a costar esa labor de implantación, gestión y seguimiento de las políticas de ISR?, ¿le va a costar algo a los partícipes, o va incluido en la factura de las gestoras y para los planes no va a tener coste alguno?.
Seguramente, adoptar criterios de ISR es imprescindible en los Planes de Pensiones de Empleo, pero que lástima que no vaya a ser como consecuencia de fomentar el incremento de la cultura financiera de las Comisiones de Control, y de su convencimiento de aplicar criterios éticos de inversión, sino que se tenga que pedir su obligatoriedad por decreto.
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